El papel del Defensor del Pueblo


¿Qué hace el Estado para garantizar el cumplimiento de la ley... en este caso, del aborto?

Juzgue Ud. mismo:

Sábado 20 de enero de 2001, 13'30 h.: En conversación con una mujer a la entrada de la Clínica abortista DATOR de Madrid, nos informa de que va a abortar a su 5º hijo porque “no le viene bien”. Tiene una panadería y considera que su presupuesto no da para mantener a más de tres hijos. El 4º ya fue al cubo de la basura. Ahora está citada para las 14'30 h. para cometer su segundo aborto.

14'00 h. - Se informa del hecho a la presidenta de la Asociación UNIDOS POR LA VIDA, que se lo comunica a la Policía, informándoles de que se va a cometer un aborto ilegal, por motivos socioeconómicos (4º supuesto inexistente) a dicha hora. La Policía acude y entra en la Clínica DATOR. Detrás de ellos entra la mujer en cuestión a la hora fijada: 14'30.

14'35 h. - A los pocos minutos vuelve a salir la Policía y vuelven a sus coches. Nos comunican que están esperando órdenes de su superioridad. La Presidenta les pregunta si conviene que ella misma presente denuncia en el Juzgado de Guardia y le responden que es mejor que espere a ver la orden que reciben. Una hora después, ante la pasividad de la Policía, vuelve a hacer la misma pregunta y le responden que el juez estará comiendo y que no vale la pena ir al Juzgado, que hasta después de comer no prevén recibir nuevas órdenes.

16'30 h. - Llega con mucha prisa, en taxi, una señora mayor con pelo de colores y se dirige a la Clínica. La presidenta de UNIDOS POR LA VIDA le entrega la información que se suministra a la puerta de la clínica. Escucha con interés y cuando la coge le tiemblan las manos. Está muy nerviosa. A continuación entra en la clínica y enseguida vuelve a salir y pide a la Policía que tome los datos de la Presidenta de la Asociación UNIDOS POR LA VIDA para ponerle una denuncia por coacciones. La Policía procede a obedecer. A continuación, y ante la continuada inoperancia de la Policía, la Presidenta acude a la Comisaría de Tetuán para cursar finalmente allí la denuncia contra la Clínica DATOR por aborto ilegal, previa consulta con los agentes sobre el procedimiento a seguir.

17'15 h. - Tras cursar la denuncia, se comprueba que la Policía continúa inoperante, supuestamente esperando órdenes. Durante el tiempo que ha estado presente la Policía no ha salido ninguna de las clientas que entraron por la mañana a abortar.

17'30 h. - Los miembros de la Asociación UNIDOS POR LA VIDA presentes en la Clínica DATOR comunican a la Policía que se van a retirar ya del lugar y hacen ademán de irse en el coche con el fin de observar el nuevo escenario a distancia. Al creer todos que nos habíamos ido, comienzan a llegar taxis (3 en pocos minutos) y empiezan a salir las mujeres que estaban dentro de la Clínica. La Policía hace caso omiso del hecho y se retira de la clínica.

¡Este es el Estado de Derecho español!

La Policía tiene orden tácita de no investigar las denuncias por aborto ilegal, como también los jueces tienen por norma no ordenar investigaciones policiales cuando se pone una denuncia en el Juzgado por el mismo motivo. El motivo es el escándalo político que los partidos de izquierdas organizan cada vez que, en el pasado, se ha intentado hacer cumplir la “Ley del aborto”, llegando al extremo de denunciar a la Policía Nacional por coacciones por cumplir con su obligación de pedir los DNI en una clínica abortista denunciada por practicar abortos ilegales (El País, 3 junio 2000).

Asimismo, los indultos son la práctica habitual de todos los gobiernos que se han sucedido desde 1985, tanto del PSOE como del PP. Felipe González prometió que nadie iría a la cárcel por aborto durante su mandato, y lo cumplió, anulando todas las sentencias de los Tribunales. El PP parece estar siguiendo la misma política. De hecho, la Ley de despenalización del aborto ha sido derogada “de facto”, sin pasar por el Parlamento, por su sistemático incumplimiento.

LA INSPECCIÓN DEL ABORTO

Actualmente la práctica del aborto no está sometida a ningún tipo de inspección por parte de las autoridades, siendo probablemente la única parcela de actividad pública exenta de esta norma general. Este hecho, por sí solo, confirma que la legislación del aborto está siendo infringida sistemáticamente, con conocimiento de las autoridades competentes e incluso por parte de ellas mismas, tanto en hospitales de la Seguridad Social como en Centros de Planificación Familiar de las CC.AA. y en centros de salud municipales, que están realizando e incitando al aborto fuera de los tres supuestos despenalizados e incluso financiándolos con dinero público en las clínicas abortistas privadas. De todo ello existen pruebas documentales.

Inicialmente, como medida de “promoción” de la Ley Orgánica 9/1985 de despenalización del aborto, ésta exigía la creación de Comisiones de Evaluación para verificar el cumplimiento de la Ley en relación al aborto, pero la “promoción” acabó al año siguiente, desapareciendo tales Comisiones. El año siguiente las tasas de aborto pasaron de 411 a 17.180 (ver DATOS DEL ABORTO). Desde entonces no hay inspección del aborto por parte del Ministerio de Sanidad ni de ninguna otra instancia pública. El aborto es la única práctica médica excluida de la inspección sanitaria preceptiva. En los dos años que hubo inspección, la tasa de abortos fue de 9 y 411 respectivamente. A partir de su desaparición, el aborto ha ido aumentando hasta llegar a los más de 60.000 abortos anuales de la actualidad (ver estadísticas acumuladas).

ACTUACIÓN DE LAS CLÍNICAS ABORTISTAS

A pesar de que las clínicas abortistas se anuncian como “legales” y están autorizadas por los organismos competentes (las Comunidades Autónomas), su práctica dista mucho de tal pretensión. A continuación describimos lo que cualquiera puede corroborar con una simple llamada telefónica a una de tales “clínicas” 1 :

Realizan los dictámenes médicos por teléfono en base a los datos personales y la fecha de la última regla. Con esos datos, la telefonista emite su “dictamen” y cita a la clienta “en ayunas y sin fumar” para practicarle el aborto.

Una vez allí, un psicólogo (no un psiquiatra, como exige la Ley) entrevista a la clienta por espacio de cinco minutos para preguntarle por qué quiere abortar, y emite el diagnóstico de “grave riesgo para la salud materna”.

A continuación, y después de pagar en efectivo (pues no se admiten cheques ni tarjetas de crédito), la clienta debe firmar un escrito eximiendo a la clínica de cualquier responsabilidad en caso de error o negligencia médica. Si la clienta no tiene bastante dinero (como es el caso de algunas emigrantes), el aborto se practica sin anestesia.

El precio oscila entre 300 euros (menos de tres meses de gestación) y unos 1.000 euros (hasta 22 semanas). A partir de las 22 semanas, el precio se duplica y puede llegar hasta el medio millón de pesetas. Es del dominio público que en Bacelona se practican abortos en el tercer trimeste por esos precios.

Por último, la mujer pasa al quirófano y sale de la clínica poco después, caminando con dificultad, mareada de la anestesia... y a veces llorando. El tiempo medio de permanencia en la clínica para un aborto de hasta tres meses es de 3 horas.

1 Se encuentran en las Páginas Amarillas bajo “Clínicas Ginecológicas”